Gestionan la extradición del sacerdote Aldo Vara

El ex capellán Aldo Vara, imputado por delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca, vivió los últimos ocho meses como prófugo de la Justicia gracias a la cobertura que le brindó la Iglesia Católica desde al menos dos países. Mientras el arzobispo bahiense Guillermo Garlatti le libraba cheques mes a mes por medio de un apoderado, Vara se mantuvo a resguardo en una parroquia de Ciudad del Este, diócesis que conduce el obispo Rogelio Livieres Plano, quien hace ya un lustro desató un escándalo entre los laicos por acoger a un cura acusado de abusos sexuales. “Vara se refugia porque no encuentra justicia en su país. Salió porque no era un proceso justo”, declaró a un diario local el párroco Ecar Rolón para justificar el encubrimiento en Paraguay. “Esto era posible al no existir sanción canónica”, lo respaldó el propio Livieres Plano, ex profesor de la Universidad Austral y ex vicario de la Prelatura de la Santa Cruz y Opus Dei en Buenos Aires. Mientras en Bahía Blanca la Justicia investiga a Garlatti por financiar al prófugo, al mismo tiempo que el Estado ofrecía una recompensa para capturarlo, el comunicado de la diócesis de Ciudad del Este aporta un dato clave: el ex capellán “fue recibido a pedido de su Obispo”. El texto omite precisar nombre o jurisdicción, pero ese obispo con mayúscula no es otro que Garlatti, confirmó a Página/12 el sociólogo Fortunato Mallimaci. A la espera de la extradición, Vara seguirá dando misa y dormirá en la misma cama que cuando era un prófugo, ahora bajo arresto parroquial.

El rol de Vara durante el terrorismo de Estado es público desde el Juicio a las Juntas por el testimonio de sobrevivientes del centro clandestino La Escuelita. En 1999, durante el Juicio por la Verdad de Bahía Blanca, el propio ex capellán admitió que supo de las torturas en el Cuerpo V de Ejército y que vio las secuelas de la picana sobre el cuerpo de jóvenes secuestrados en el Batallón de Comunicaciones 181. El entonces fiscal Hugo Cañón pidió su imputación, pero la Cámara Federal se la negó cuando todavía regían las leyes de impunidad. Trece años después, el tribunal que condenó al primer grupo de represores bahienses tomó nota de los testimonios sobre Vara, consideró probada su “culpabilidad” en secuestros y torturas, y ordenó que se lo investigara en primera instancia. En abril de 2013, los fiscales federales José Nebbia y Miguel Pala zzani desmenuzaron las pruebas contra el cura, a quien caracterizaron como un agente de inteligencia que sólo por su técnica se diferenciaba de los militares, y pidieron su detención e indagatoria. El juez subrogante Santiago Martínez dijo no encontrar “elementos suficientes” pero la Cámara Federal opinó lo contrario y en agosto ordenó la captura, que se concretó el lunes pasado en Ciudad del Este.

El arzobispo que pidió a su par paraguayo recibir a Vara y que todos los meses libraba un cheque para el prófugo por medio de su apoderado Leopoldo Bochile es el mismo hombre que en noviembre, ante un pedido de ayuda de organismos de derechos humanos, dijo desconocer el paradero de Vara. El fiscal Castaño ya promovió la acción penal por encubrimiento, en principio contra Garlatti y Bochile, dueño de Bochile Inmobiliaria en Bahía Blanca. La causa está en manos del juez subrogante Martínez, quien debería excusarse porque ya se pronunció a favor de la inocencia del ex capellán.

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