Advierten inconsistencias del proyecto estatizador de puertos

El vicegobernador de Buenos Aires, Gabriel Mariotto, anunció que en septiembre enviará un proyecto de ley a la Legislatura que pedirá revisar cada concesión portuaria “porque a los elevadores de granos de los puertos no los pueden manejar Cargill u otra multinacional”, y “porque hay que tomar el control político, institucional y estratégico de las exportaciones”.

También dijo que se propone “avanzar en la reserva de carga para empresas de bandera y una nueva ley de puertos, de forma que podamos potenciar al Estado para que las empresas multinacionales no se queden con la crema del los ingresos de exportación vía fletes y no direccionen las políticas de cargas a favor de ellas, en contra de nuestros productores”

En la zona de Bahía Blanca están instalados puertos de importantes cerealeras internacionales. Es por eso que el sitio Punto biz recorrió distintas “mesas” en las que tallan operadores portuarios, exportadores y traders internacionales para ver cómo analizan  la avanzada. Y esto recogió:

  •  Se desconoce que el dominio y administración de los puertos de la provincia de Buenos Aires fue cedida por el Estado Nacional a través de una ley nacional que prevé como condición que sociedades de derecho privado o entes públicos no estatales tengan a su cargo su administración. De ese modo, son manejados por consorcios donde están representados, generalmente, todos los interesados en la operatoria y la logística. Ergo, para poder expropiar se debería dar primero un debate en el Congreso Nacional.

 

  • La facturación de esas terminales cubren esencialmente los costos fijos y variables de la operación, más la amortización de las inversiones realizadas, ya que las terminales no son generadoras de grandes ganancias, sino más bien parte de la articulación logística que le posibilita al exportador competir con otros orígenes de forma eficiente.

 

  • Las empresas concesionadas para operar esas terminales abonan un canon al Estado provincial. Adicionalmente, ya están controladas por el Estado: Mariotto confunde todo y cree que hay que hacer reserva de carga para buques de bandera nacional que no existen: eso conllevaría a que el Estado alquile, como lo hacen las agroexportadoras, los buques graneleros.

 

  • Sucede que la presidencia de los consorcios que administran esos puertos corresponde al Estado provincial de acuerdo con la Ley Provincial Nº 11.414 que instrumentó la transferencia de los puertos de Bahía Blanca y Quequén establecida por la Ley Nacional Nº 24.093 de Actividades Portuarias. “El control político, institucional y estratégico”, que propone Mariotto, ya lo tiene el Estado tanto provincial como nacional.

 

  • Los costos logísticos de la operación son gastos, no ingresos, como dice Mariotto. De tal manera, si pretendiese apropiarse y dedicar esos fondos a algún otro destino, los puertos tendrían serios problemas para financiar sus operaciones.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *