Por ley, las agresiones de padres a docentes serán penadas

Desde el año que viene, se podrá penar con multas (de hasta 30 mil pesos) y con arresto (de hasta 60 días) a los padres que agredan verbal o físicamente a los docentes y personal no docente, de escuelas públicas y privadas bonaerenses. Así lo dispuso la Cámara de Diputados provincial, que convirtió en ley –en la última sesión del año– el proyecto oficial que agrega el artículo 74 bis al Código de Faltas.

“Fue una decisión de la gobernadora María Eugenia Vidal ante los innumerables casos de agresión a docentes y a toda la comunidad educativa. Notó que se estaba produciendo una ola de agresiones. La Provincia tiene Código de Faltas, y lo que pudimos hacer es modificar esa normativa, previendo esta nueva modalidad de agresión a todo el personal docente y no docente dentro de los ámbitos educativos”, dijo el senador y presidente de la Comisión de Educación, Juan Pablo Allan (Cambiemos).

Según establece la nueva normativa presentada por el Poder Ejecutivo provincial “sancionarán con arresto de entre 5 y 30 días o multas de entre el 50% y el 100% del haber mensual de un oficial subyacente de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (que actualmente es de 15 mil pesos) a la persona que, invocando un vínculo con el alumno, dentro del establecimiento de gestión pública o privada o en las inmediaciones, hostigue, maltrate, menosprecie o perturbe emocional o intelectualmente a un trabajador de la educación, sea docente o no”. Las penas “se duplicarán” en caso de cometerse frente a alumnos.

La ley –que cuenta con el aval de los gremios docentes– establece que se sancionará a quien “insulte” a un docente o auxiliar “o provoque escándalo”, a quien “ejerza actos de violencia física”, “perturbe de cualquier manera el ejercicio de la función educativa” o “ingrese sin autorización a un establecimiento educativo y no se retire a requerimiento del personal docente o no docente”. Las penas también alcanzarán a quien arroje “un elemento de cualquier naturaleza” a un trabajador de la educación o “contra un bien de utilidad educativa”, con lo que se incluye a los edificios escolares.

Fuente: Clarin